Proponen cambiar el subrégimen industrial porque “premia la facturación y no el agregado de valor”

La investigación recuerda que en 2022, el régimen de Tierra del Fuego cumplió 50 años, destacando que “el objetivo geopolítico que le dio origen por medio de la Ley 19.640 en 1972 ha sido alcanzado con creces“.

“Constituyó una herramienta efectiva para impulsar el crecimiento de la población y de la actividad económica sobre la base de la expansión del empleo industrial. La ley fue un elemento crítico en este proceso que operó en un territorio “casi vacío” y, hasta entonces, menos dinámico que otras regiones del país, y logró nivelar la cancha de forma considerable“, agrega el documento.

Sin embargo, plantea que “hoy el subrégimen industrial genera un costo fiscal anual de 1070 millones de dólares, equivalente al 0,22% del PBI nacional, más del doble del presupuesto del CONICET para 2021 o el 39,3% del gasto público anual en AUH y AUE“.

“Como está diseñado, premia la facturación y no el agregado de valor local, no promueve las exportaciones y no ha logrado generar la autonomía económica que Tierra del Fuego merece para dejar de depender de los vaivenes de los gobiernos nacionales“, indica.

Y plantea: “¿Es viable reformular el subrégimen para una transformación productiva en Tierra del Fuego? Fundar se propuso contribuir a este debate a través de una serie de tres documentos que generan evidencia sobre las posibilidades y los acuerdos que este proceso requiere. Diseñó propuestas alternativas de política pública que muestran un camino posible para reducir, gradual pero sustancialmente, en un lapso de 11 años, el costo fiscal de este esquema de promoción, y reorientar los incentivos económicos hacia la innovación y la agregación de valor. Se busca que Tierra del Fuego sea una provincia crecientemente próspera y menos dependiente de las decisiones del gobierno nacional“.

De acuerdo a Fundar, el subrégimen industrial “no construyó autonomía para la provincia: la economía local depende de la decisión del Gobierno nacional“, señalando además que “el subrégimen no sólo no tiene un horizonte de salida, sino que, cuanto más crece el país, más recursos demanda sostenerlo“.

A través de una serie de documentos con el nombre de “Hacia una transformación productiva posible en Tierra del Fuego”, especialistas de Fundar realizaron un diagnóstico del régimen de promoción económica y del subrégimen industrial asociado y el costo fiscal que genera para el Estado nacional.

Luego, elaboraron una propuesta de reformulación del subrégimen industrial que tiene como eje central pasar de premiar la facturación de las empresas a premiar el valor agregado que se genera en el país.

En un artículo publicado este miércoles en Infobae “la idea de la investigación es revisar el subrégimen y cambiarlo, no darlo de baja, poniendo incentivos adecuados a la agregación de valor y ahorrando el costo fiscal“.

“Con los recursos ahorrados es suficiente para invertir en nuevas actividades sustentables para crear tantos o más empleos que se perderán por la reformulación de esquema. Es un diagnóstico y también una solución. Los otros beneficios del régimen, como que los habitantes no paguen Ganancias ni IVA, no se tocaría”, destacaron desde Fundar.

El plan es a largo plazo y tendría una ejecución de 11 años. Fundar asegura haber hablado con todo el sector: “Todos están de acuerdo con que el régimen tiene cosas que hay que cambiar, pero nunca hay propuestas concretas para hacerlo. Es la primera vez que se hace algo atado a la transformación productiva. No hablamos de sacar nada: se habla de nuevas actividades y protección a los trabajadores afectados”.

“Este régimen es la manifestación más clara de lo que no se está haciendo bien en términos de política productiva en el país. Fondos puestos en algo que no funciona. Nuestro análisis se basó en celulares, televisores y aires acondicionados. Celulares es lo que más costo fiscal genera y es puro ensamble. En 11 años se dejaría de ensamblar y se iría a un modelo importador. Hoy se importan kits que cuestan 100, por poner un número, y el teléfono terminado también vale 100. Hay que poner la plata en sectores que generen valor real y sustentabilidad”, señalaron.

Propuestas de cambios fiscales

Como se mencionó, el cambio en el esquema de incentivos fiscales propuesto contiene dos elementos centrales de implementación gradual: primero, pasar de otorgar el crédito fiscal por IVA tomando como base el volumen de ventas a otorgarlo tomando como base la porción de valor agregado en el país (la importación de insumos pasaría a pagar IVA); segundo, comenzar a cobrar el arancel a los insumos importados establecido en el nomenclador aduanero, así como la tasa de estadística general del 3% que se cobra a toda importación, por lo que se removería la exención hoy existente.

“Esto último implicaría mantener para la producción en la isla el incentivo que la literatura de comercio internacional denomina protección efectiva, debido a que los aranceles establecidos son mayores para los bienes finales que para los insumos intermedios”, señalaron.

Según el diagnóstico de Fundar, a 50 años de su sanción, el objetivo principal de la ley se ha cumplido con creces: la isla se pobló de manera acelerada hasta alcanzar, en 2022, los 190.000 habitantes. El subrégimen fomentó la radicación de nuevos establecimientos productivos y la expansión del empleo privado.

“Por un lado, un aspecto central —y poco presente en el debate público— es que, en su configuración actual, el subrégimen no promueve la agregación de valor en Tierra del Fuego, ya que ata los incentivos fiscales y aduaneros a la facturación total de las empresas promocionadas y no al valor agregado que estas generan”, advirtió el documento presentado por la organización.

“Por otro lado, una característica que ha ido adquiriendo el subrégimen es la concentración, especialmente, en las últimas dos décadas, en la industria electrónica —el mayor empleador, con unos 8.500 puestos de trabajo, y el 75% del VAB del conjunto de sectores promocionados—. A esto se suma, la dependencia de la electrónica radicada en la isla de insumos importados y su orientación casi exclusiva al mercado interno”, agregaron.

Con todo, uno de los principales aspectos en los que se centra la discusión pública es cuánto deja de recaudar el Estado al otorgar los beneficios fiscales del subrégimen industrial. Actualmente esta cifra se estima en USD 1.567 millones por año y corresponde al monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar este tratamiento impositivo. Sin embargo, este cálculo no contempla el cambio de comportamiento de los principales agentes económicos involucrados en el caso de haber modificaciones de los incentivos que hoy componen el subrégimen. Como ya se indicó, el costo fiscal simulando en un escenario contrafáctico sin el subrégimen que calculó Fundar es de USD 1.070 millones.

El principal estímulo que reciben las empresas bajo el subrégimen industrial es el crédito fiscal por IVA por cada venta en el resto del país. Como la venta en el continente no está exenta de IVA, este impuesto debe ser discriminado y cobrado en la factura de forma que la empresa compradora lo pueda descontar como crédito en su propia declaración de IVA.

“Este crédito no necesariamente se convierte en ganancia empresarial, sino que puede ayudar a mantener competitividad frente a la oferta importada. Este aspecto es fundamental para entender la fuerte orientación hacia el mercado interno de la producción realizada en el marco del subrégimen. Las empresas radicadas en Tierra del Fuego desarrollan estrategias corporativas orientadas a la electrónica de consumo masivo en el mercado protegido en lugar de buscar nichos de especialización donde puedan adquirir una mayor competitividad”, señaló el informe.

“El segundo estímulo más importante que reciben los fabricantes fueguinos es la exención arancelaria a la importación de insumos. La magnitud de esta exención dependerá de la composición de los insumos que requiera la producción de cada producto —llegando a representar cerca de 80% del mismo—. He aquí un segundo aspecto central del esquema de incentivos, así como de la magnitud de su costo fiscal. El crédito por IVA se determina sobre la base del valor de su facturación. Dado que los insumos importados tampoco pagan IVA, el beneficio que obtienen las empresas es independiente de la fracción de insumos que importan y del valor agregado que proporcionan, y se enfoca solo en las ventas y la facturación”, detallaron.

Según el análisis de Fundar, este beneficio fiscal fomenta la importación de insumos cuando estos son más baratos que su costo de producción local —es decir, en la mayoría de los casos—, desincentivando que estos se fabriquen in situ, y por ende desalentando la agregación de valor en la isla y, por tanto, la innovación.

El equipo de trabajo que realizó la serie de documentos contó con dos codirectores, Juan Carlos Hallak (UBA-Conicet) y, por Fundar, Tomás Bril Mascarenhas (Área de Política productiva). Integraron también el equipo de trabajo Lucía Pezzarini, Leonardo Park y Ángeles Sancisi (Área de Política productiva de Fundar) y Belén Bentivegna, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP, UBA-Conicet).

Uno de los documentos evalúa las posibilidades de diversificación sectorial y estima las inversiones públicas y privadas que requeriría la ampliación de la matriz productiva. Allí, se presentan evidencia que indica que Tierra del Fuego cuenta con una base de recursos y factores que pueden ser fortalecidos y estimulados: turismo; economía del conocimiento; energía y petroquímica; infraestructura portuaria y polo logístico antártico; polo académico y científico, y otras actividades en complejos productivos como los de ganados y carnes y el pesquero y acuícola), como ejes transversales (desarrollo de un ecosistema emprendedor e infraestructura urbana y habitacional).