Reves judicial, en la Corte Suprema para los municipios por el impuesto inmobiliario

A partir de este pronunciamiento del máximo Tribunal quedan sin revisar las razones de fondo que formaron parte de la presentación y de los argumentos esgrimidos por las ciudades, en forma ininterrumpida, para sostener la potestad sobre el inmobiliario urbano dentro de los ejidos.

Las Municipalidades sostienen que por la historia misma de Tierra del Fuego, con fuerte gravitación de este impuesto en el desarrollo de cada ciudad, y también por lo establecido en las Cartas Orgánicas municipales, la Constitución provincial y la Constitución nacional, el cobro del impuesto inmobiliario formó parte de los ingresos propios más importantes de los Municipios y que son devueltos a la comunidad con servicios, mejoras, políticas públicas sanitarias, sociales, educativas, culturales, turísticas, medioambientales, de infraestructura, con proximidad y trabajo. 

Por otra parte, en un complejo marco nacional, con un fuerte deterioro en los salarios, los Municipios buscan el equilibrio en mesas de diálogo con los gremios, y no están en condiciones de resignar esos fondos. Más aún si los consideran propios.

El entonces intendente de Río Grande Gustavo Melella y el ahora reelecto intendente de Ushuaia Walter Vuoto, durante la gestion Bertone coincidieron en 2017 en sostener ante la Legislatura y por todas las vías políticas posibles que el impuesto inmobiliario es de competencia municipal y que no reconcían la facultad de cobro en cabeza de la provincia. 

Los Municipios tienen gran proximidad con las demandas cotidianas, han demostrado en los últimos años expansión y progreso, aún habiendo atravesado una pandemia, en la que también colaboraron y han asumido roles que otros entendían que no eran propios.

Hay preocupación en las filas municipales, más aún cuando tienen la certeza de que ahora será el turno de la discusión sobre el impuesto automotor, sobre el que también podrían buscar avanzar. 

Perder la autonomía municipal es un gran retroceso, una distribución inequitativa y centralista solamente quita a las ciudades la propia capacidad para decidir sobre su propio destino y debilita a la democracia.