Coparticipación en Tierra del Fuego
Araujo exige a Melella transparentar el reparto de fondos a los municipios
El diputado nacional Jorge “Koky” Araujo presentó un pedido formal de informes al gobernador Gustavo Melella para esclarecer el estado real de la deuda de coparticipación que la provincia mantiene con Ushuaia y Río Grande. La iniciativa busca determinar mediante documentación oficial si existe un trato dispar en el envío de recursos a ambas ciudades, en un contexto donde el municipio riograndense reclama acreencias que superan los 17.000 millones de pesos.
La solicitud, que también fue dirigida al ministro de Economía provincial, Alejandro Barrozo, exige detalles sobre los montos adeudados, las transferencias ejecutadas y los criterios normativos utilizados para priorizar los pagos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026.
Los puntos clave del pedido de informes
El planteo legislativo apunta a un control institucional sobre las finanzas públicas y requiere precisiones sobre los siguientes ejes:
- Estado de deuda: Detalle documentado de los saldos pendientes con cada uno de los municipios.
- Cronograma de pagos: Existencia de un esquema concreto para regularizar las obligaciones financieras retrasadas.
- Equidad distributiva: Explicación técnica sobre si los mecanismos aplicados a Ushuaia y Río Grande son equivalentes o si presentan diferencias de criterio.
Araujo aclaró que la presentación no constituye una denuncia previa por discriminación hacia Río Grande, sino una herramienta para obtener datos verificables que permitan transparentar la distribución de la renta provincial.
Impacto financiero y articulación institucional
El retraso en el goteo de fondos agrava el escenario económico de Río Grande, ciudad afectada por la contracción del consumo, la caída de la actividad industrial y la pérdida de empleo formal. Ante la falta de previsibilidad presupuestaria, las autoridades del Municipio, el Concejo Deliberante, el Juzgado de Faltas y el Tribunal de Cuentas ya conformaron una mesa de trabajo para evaluar acciones institucionales conjuntas.
Con este pedido desde el Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo provincial se ve obligado a responder con registros oficiales para contrastar las cifras denunciadas por los gobiernos locales y justificar la metodología de asignación de los recursos públicos.
