Polémica en Tierra del Fuego: exigen informes urgentes por el amarre de un petrolero británico en Ushuaia.
El diputado nacional Araujo presentó un pedido de explicaciones al Poder Ejecutivo Nacional sobre el ingreso del buque VS PROMISE. Busca determinar si se violó la legislación local y si se comprometieron los intereses estratégicos en el Atlántico Sur.
El ingreso y amarre del buque petrolero VS PROMISE en el Puerto de Ushuaia desató una fuerte controversia política y judicial.
El diputado nacional Araujo presentó un exhaustivo pedido de informes para que el Gobierno Nacional detalle los motivos y las condiciones que permitieron la operación de la nave, la cual está registrada bajo el pabellón de la Isla de Man, una dependencia directa de la Corona británica.
A través de esta iniciativa, el legislador apunta a esclarecer qué autoridad concedió el permiso de entrada, bajo qué normativa se encuadró el procedimiento y qué tipo de controles aduaneros y portuarios se desplegaron. La solicitud exige formalmente la entrega de expedientes, dictámenes jurídicos e informes técnicos que respaldaron la polémica maniobra.
El eje central del reclamo gira en torno a la posible vulneración de la Ley Provincial Nº 852, popularmente denominada “Ley Gaucho Rivero”. Esta legislación prohíbe la permanencia y abastecimiento en suelo fueguino de barcos de bandera británica o de conveniencia que realicen actividades vinculadas a la exploración o explotación de recursos naturales.
En este sentido, Araujo solicitó saber si se analizó este marco legal antes del arribo y exigió que el Ejecutivo defina técnicamente el estatus de la Isla de Man en relación con los alcances de la normativa provincial.
La investigación parlamentaria también busca mapear la red comercial detrás del VS PROMISE. El pedido indaga sobre la identidad de los propietarios, armadores y operadores del barco, y rastrea posibles vínculos contractuales con compañías petroleras que operan en la región, tales como Total Austral o TotalEnergies.
Asimismo, se solicitaron registros de operaciones previas en la terminal de Río Cullen, requiriendo datos precisos sobre el origen, destino y volumen de la carga transportada.
“Queremos saber quién autorizó su ingreso, qué actividad desarrolló y, fundamentalmente, si se respetó la legislación argentina y fueguina vigente”, enfatizó Araujo.
El conflicto adquiere un peso institucional mayor debido a la situación actual del Puerto de Ushuaia, que se encuentra intervenido por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
El propio organismo, mediante su Resolución Nº 4/2026, reconoce el carácter estratégico de la terminal por su valor logístico, científico y su cercanía a la Antártida. Debido a esto, el diputado cuestionó si el arribo del petrolero fue evaluado bajo la óptica de la Cuestión Malvinas y los intereses soberanos consagrados en la Constitución Nacional
.Finalmente, el requerimiento busca determinar el grado de coordinación entre las distintas carteras del Estado. El legislador solicitó constancias de las comunicaciones e intervenciones que tuvieron la Cancillería Argentina, la Prefectura Naval y la autoridad aduanera.
“El Congreso tiene la obligación de controlar cuando están involucrados simultáneamente la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur, Malvinas, nuestros recursos naturales y un puerto estratégico. Queremos respuestas documentadas, no explicaciones políticas”, concluyó el parlamentario.
